CGT: La principal central de Argentina convoca a una huelga contra el Gobierno de Milei

CGT: La principal central de Argentina convoca a una huelga contra el Gobierno de Milei

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Manifestantes participan en una marcha de protesta contra el gobierno del presidente Javier Milei, este miércoles, en Buenos Aires.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central de Argentina, convocó este partido para el 24 de noviembre. La meditación fue comunicada luego de que el Gobierno del ultraderechista Javier Milei enviara al Congreso un proyecto de ley con más de 600 artículos que otorga al Ejecutivo competencias legislativas en materia económica, fiscal, arancelaria y hasta ahora electoral, y criticara la protesta. La iniciativa del presidente se resume en otras acciones previas que incrementaron el descontento social en el país durante las primeras semanas del régimen ultraderechista en la Casa Rosada, como un plan de choque económico o un megadecreto que, entre cientos de otros remedios, flexibilice la legislación laboral y el sistema sanitario.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central, informó que la mediación se decidió por «unanimidad» en respuesta al megadecreto de Milei, que es considerado «ilegal» e «inconstitucional». “No hay necesidad ni urgencia de presentarse con tantos artículos que dan origen a la matriz administrativa de nuestro país”, indicó el sindicalista sobre la medida, que entra en vigor esta vez y puede ser impugnada por el Parlamento. Hoy también hubo foco en el proyecto de ley con más de 600 artículos que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias. «Allá leyomnibus Es exponencial porque el DNU”, zanjó. Pablo Moyano, otro de los dirigentes de la CGT, marcó el camino a seguir: “Empecemos por las calles. a el [Milei] Ellos votaron por él para protegernos y nosotros votamos por los trabajadores para defendernos».

El color anunciado por la CGT prevé una movilización masiva en el Congreso Nacional, aseguraron los sindicalistas. Los detalles se resolverán en una reunión plenaria el 10 de enero. La marcha será un nuevo desafío al protocolo antiprotestas implementado en el Gobierno. Los sindicatos hicieron una primera demostración de fuerza de estos arándanos con una concentración en el centro porteño para repudiar un megadecreto que firmó Milei con más de 300 reformas que desmanteló el Estado. La concentración reunió a más de 20.000 personas, junto con los organizadores, y se reunió con sus seis reclusos en un gran operador de seguridad para controlar el mercado. En la concentración, los manifestantes ya habían pedido a los dirigentes sindicales una llamada a Huelga. “¡Puné la fecha!”, exigían de las calles.

Mientras esto ocurría, el Gobierno de Mileto, que ganó las elecciones de noviembre con el 56% de los votos y respondió en aquella ocasión para dar impulso a sus cuidados, presentó al Congreso una vez ley ómnibus, llamado así por su amplitud y variedad de temas. La iniciativa declara al país en situación de “emergencia pública” por dos años -prorrogables por cuatro años-, otorga facultades legislativas al presidente y cambia buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El proyecto, que será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso, incluye la resistencia a las sanciones contra la protesta social y la forma de ley al protocolo antiprotestas que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó durante dos semanas.

Milei exige que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación sancionable con hasta seis años de prisión si impide el libre tránsito o la prestación de servicios públicos. El texto del aviso de cualquier manifestación debe notificarse con antelación -incluidas las «espontáneas»- y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer modificaciones. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las reuniones para facilitar su identificación en caso de sanciones penales. La propuesta legislativa también introduce cambios en el Código Penal para ampliar el derecho de legítima defensa y dar respaldo a las fuerzas de seguridad.

El descontento social también se vio alimentado por el desacato al decreto sobre los más de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y por las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera semana de Gobierno. El dueño del Palacio de Hacienda presentó luego una pegatina que, entre otras cosas, devaluó la moneda nacional en un 50% y adelantó una suma de subsidios a la energía y al transporte que se harán efectivos partiendo del negro. A la ya crítica situación económica de Argentina –donde la inflación supera el 160% y la pobreza, el 40%– se suma este brutal ajuste. Los sectores más vulnerables fueron los primeros en sentir el impacto de las burbujas.

Los sindicatos no convocan a una reunión desde 2019, durante el gobierno del conservador Mauricio Macri. En los cuatro años de gestión del peronista Alberto Fernández no ha anunciado nada parecido a este tipo de peso económico. Desde el kilómetro hasta la Casa Rosada, los sindicalistas venían sosteniendo el termómetro y avanzando con cautela en los pasos para frenar lo que consideraban un “avasallamiento” de los derechos. En las últimas semanas avanzaron tres caminos contra las medidas del Gobierno: presentaron una medida cautelar contra el megadecreto de Milei, que fue adelantada por la Justicia; se reunió con los legisladores del Congreso y subió a las calles. La CGT finalmente puede hacer justicia a esto en un clima de creciente conflicto social.

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By Dimas Granado Ortiz

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