La Corte Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por delitos de lesiones humanas. La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó al Estado peruano hacer cumplir la orden de prisión. La resolución establece la “falta de competencia” del Tribunal IDH para “ordenar directamente la no resolución de una orden judicial”. La semana pasada el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había dicho al respecto: “La respuesta es sí [procede la liberación de Fujimori], porque lo que recibimos de nosotros es una declaración.” “Las sentencias de la Corte deben ser catárticas y hacerse cargo, como las resoluciones del Tribunal Supremo, pero en este caso la que prevalece es la sentencia del Tribunal Constitucional”, añadió.
Fujimori recibió en diciembre de 2017 un indulto humanitario del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue revocado en enero de 2018. Sin embargo, en marzo de 2022, el TC declaró establecido un hábeas corpus a su favor. La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución realizó su fusilamiento a manos del juego Vicente Fernández Tapia. Sin embargo, Fernández no solucionó el problema haciéndolo efectivo. En la resolución de este martes, el Tribunal Constitucional expone su desacuerdo con su decisión. “Llamar severamente la atención sobre el cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia, instándolo a poner mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimativas de hábeas corpus”.
Elio Riera, abad de Fujimori, acudió al penal de Barbadillo para visitarlo en su celda. “(Fujimori) volvió con mucha alegría a este compromiso y, bueno, me asesoró en esta última misión para darle acceso a los medios administrativos para su liberación. Ahora me dirijo al Instituto Nacional Penitenciario. Calculo que por la mañana deberían subir libres. Un día después”, afirma. Respecto a las responsabilidades internacionales del Estado es una posible sanción por no cumplir con la orden del Tribunal IDH, Riera afirmó: “Es un límite de convención. El Tribunal no tiene que decidir si se vende o no. Prima el Derecho de Soberanía. No es decisivo. No hay ninguna obligación.”
El abad Franco García cree que para enfrentarse a un organismo supranacional de justicia, el exgerente volverá a prisión. “De cumplirse esta sentencia, el Tribunal IDH la anulará. No procederá ningún indulto por violaciones graves de los derechos humanos.” A continuación se reproduce la misma línea de opinión en los círculos sociales de la experta en violencia política, Jo-Marie Burt: “Desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hemos expresado claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto #Fujimori sin ser cumplía las condiciones elaboradas por el Tribunal. El Estado del #Perú cumplirá de manera flagrante con sus obligaciones internacionales para liberarlo.”
Como recordamos, Fujimori fue condenado por ser el autor intelectual de las masacres de Barrios Altos y de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Gisela Ortiz, voz del grupo de testigos del caso La Cantuta, lamenta el incidente: “Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembre en medio de la angustia, la ira y el sentimiento de los ciudadanos del siglo II. Nuestros derechos por la libertad indebida de un delincuente. Se ha negociado el indulto de 2017. Decisión inaceptable.”
Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la liberación Alberto Fujimori es un “punto de quiebre” en la relación entre el Perú y el Sistema Interamericano. “Estamos entrando en un terreno y un entorno en el que el Perú ha desistido de cumplir como corresponsalía una resolución supervisora de la Corte”. Hace una semana, el Tribunal del IDH hizo constar al Estado peruano que continúa vigente la obligación de abstenerse de liberarlo y le otorgó un plazo de seis días para enviar un informe al respecto. Se cumplirá mañana, el mismo día en que seguramente será liberado Fujimori, el más resistente de los reyes.