miércoles, julio 24

España en la UE: una presidencia con más éxitos empañada por el ruido político | Internacional

El histórico pacto migratorio, que coloca las baldosas para una Europa cada vez más cerrada a lo que vinculan, pero muy gravosa para los estados miembros. La reforma del mercado eléctrico de golpe en Rusia. Amor político por las reglas fiscales que deja atrás el rigor de la austeridad. Una normativa pionera en materia de inteligencia artificial. Una rama de las leyes ambientales –aunque algo diluidas– y de las sociales. La presidencia española del Consejo de la UE transcurrió el pasado 31 de diciembre con un número récord de normas y decisiones políticas, en total 71. Aunque la cifra es elevada, la principal cuestión es la magnitud del acuerdo.

Dos discusiones internas (primero, el impulso de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales de julio; posteriormente, la ley de amnistía a corto plazo de las grandes negociaciones para formar Gobierno) han generado turbulencias en plena presidencia. En general, la batalla española en Bruselas ha dado lugar a regulaciones clave para el futuro de Europa en materia fiscal, social, medioambiental y de ampliación europea, con la apertura de conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. La marea subyacente de tensiones políticas en España ha oscurecido algunos de los momentos clave de este período, como la cumbre entre la UE y América Latina, la primera celebrada en los últimos años. Los resultados de esta combinación también sufrieron contratos externos. La oposición de Francia y Argentina no se registró al final de la ansiedad comercial con el Mercosur, a la espera de su ratificación en 2019.

España aprobó el semestre en el que tocaba abandonar la presidencia rotatoria en la que se dirigía a todos los países que integran el Consejo de la UE para mostrar su territorio, con 23 reuniones informales celebradas en 21 ciudades españolas. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha pisado el acelerador con sesiones maratonianas y noches de navegación en Bruselas y Estrasburgo que incluyen otro récord: el diálogo tripartito (negociación final entre el Consejo y el Parlamento junto con la Comisión) más larga de la historia de la inteligencia artificial, que duró más de 36 horas. “Cuando era joven era muy feliz”, dice uno de los principales negociadores de España. La presidencia rotatoria podría cerrar hasta 71 puntos entre los dos colegisladores de la UE (el Consejo de la UE, el organismo que preside España en España, y el Parlamento Europeo).

Además del golpe migratorio o el pacto energético, la UE concluyó este semestre buscando éxitos estratégicos como la ley de materias primas o la ley para una industria cero emisiones, reforzando la libertad de prensa con la ley anti-SLAPP y la rendición de cuentas corporativa en asuntos relacionados con el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos en materia de debida diligencia, entre otros. La cifra de los acuerdos duplica la alcanzada por Suecia, en el primer semestre del año, y mejora el trabajo —muy ocupado— de la República Checa en el último semestre de 2022, cuando la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis energética empujan demostrar la capacidad de trabajo y de cohesión de la UE.

A finales de 2018, en otras «presidencias doradas», como se las conoce en lengua bruselense, se celebrará la última presidencia plena del mandato comunitario: la próxima, Bélgica, será más corta que las elecciones europeas que se celebrarán en junio . —, Austria dio 53 pasos entre el Consejo de la UE y el Parlamento. «Desde el punto de vista legislativo, hay una presidencia muy productiva, hay un poco de retraso porque hay temas que al final de la legislatura son muy duros», afirma Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, especializado en los supuestos europeos. “En general, tiene una buena presidencia, pero las grandes preguntas [sobre autonomía estratégica o reformas institucionales, entre otras] siguen sobre la mesa”, acotaba en una charla en Elcano el director ejecutivo del Centro de Política Europea (EPC), Fabián Zuleeg.

Un pacto migratorio para bloquear la UE

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Desde hace unos años, y en tiempos de desescolarización, la presidencia española ha cerrado, en una navegación esperanzada, el acuerdo migratorio, un paquete de cinco normas que respaldan las condiciones de entrada y alojamiento. La inmigración es uno de los aspectos que más divide a la UE, pero la perspectiva de sometimiento a posiciones ultras en las elecciones europeas de junio y el posible nuevo aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca, que podría dejar a Europa más aislada, han dado impulso a la uno agudo. El pacto marca todos los pasos de la gestión de los flujos migratorios, desde la legación al territorio comunitario de su zona o la expulsión, e introduce por primera vez, de forma permanente, los litigios que obligan a todos los Estados miembros a asumir una parte de los solicitantes de asilo. (o abonar una cantidad a la cesta comunitaria en caso de rechacen hacerlo).

Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el pacto y han asegurado que los derechos de las personas inmigrantes se debilitan y provocan una tensión en la gestión de la inmigración.

Cambios en el mercado eléctrico para estabilizar los precios

En el tramo final hay menos dificultades de las previstas en esta materia. El Parlamento y el Consejo de la UE, que representan a España, han decidido tomar medidas en apenas un par de meses sobre esta reforma energética. El principal objetivo era abandonar las grandes fluctuaciones de los precios de la electricidad sufridas durante la crisis energética, por lo que intentó dar impulso a los contratos de distribución eléctrica en las calles a precios más predecibles. La norma también deja puertas abiertas para tomar medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias, como las observadas desde la especulación de precios, dando mayor protección a los consumidores y permitiendo la intervención pública en mercados relacionados con casos. La vicepresidenta tercera y ministra de la transición ecológica, Teresa Ribera, encontró muchos más problemas para tomar la postura de Francia y Alemania, muy alejadas de partida.

La senda de los ajustes para el fin de la política expansiva

En 2024 se alcanzará la mayor flexibilidad para el gas público. Con el legado de la pandemia, las reglas fiscales se suspenden para que los estados puedan tener de la mano el prerrequisito para amortiguar el golpe. Y cuando Bruselas empezó a pensar en aplicarlo, Rusia invadió Ucrania. En este paréntesis, la UE fue autorizada a intentar modificar algunas normas ya reformadas durante la crisis financiera que en los últimos años han resultado complejas e imposibles de implementar y, precisamente por eso, poco creíbles. Pero últimamente ha habido una gran distancia entre París y Berlín, a pesar de que la Comisión estaba claramente del lado francés. Atraer a Alemania al pacto costó muchas concesiones que convirtieron el presupuesto del 27 en algo suficientemente más rígido fiscalmente que el inicialmente previsto por Bruselas y mucho más difícil de entender. Sumar al ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, devolvió los plazos. El sentimiento entre los estados se manifestó en una reunión extraordinaria al final del semestre. Las negociaciones con el Parlamento no pudieron iniciarse y éste ya era corresponsal en Bélgica. Aunque en el caso de la reforma eléctrica todo apunta a que el consenso entre los dos colegisladores de la Unión será mucho más rápido que en el Consejo de la UE.

Europa, a la vanguardia en legislación sobre nuevas tecnologías

Los rostros rotos y los ojos lo dicen todo. Pero también las sonrisas. En una de las negociaciones más largas en Bruselas —casos de 37 horas—, el Consejo y la Cámara Europea cerrarán, también en diciembre, la primera ley del mundo que regulará la inteligencia artificial de forma integral, además de las prioridades marcadas para España para su presidencia, como dejó constancia Pedro Sánchez durante su balance parlamentario de la gestión española ante la UE este semestre. Por ahora, las posiciones de los Estados y del Parlamento Europeo, muy divididas sobre qué constituye una solución en este ámbito aún hoy tan desconocido y cómo garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos sin comprometer la competitividad europea, parecen incompatibles. Pero la entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, decidió continuar, con sólo una pausa en casi tres días, una negociación “ultramaratón”, como dijo el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton. Si el reglamento se ratifica en las próximas semanas o meses, la UE será pionera en el control de todos los modelos de IA del proyecto general (IA generativa o modelos fundamentales), como base del ChatGPT, con una de las reglas de sus negociadores que aseguran que mantener el difícil equilibrio de no apoyar a las empresas del sector, un pecado, para él, de menoscabar los derechos fundamentales. Principalmente, es bienvenida la prohibición amplia -salvo excepciones limitadas y controladas- del uso de sistemas de vigilancia biométrica.

Un duro empujón con el derecho a la primera gran ley de la biodiversidad

España asumió la presidencia de turno de la UE con la prioridad de «avanzar hacia la transición ecológica y la adaptación ambiental media a esta emergencia climática ya existente». Pero al emprender la batalla de su presidencia en julio, recibió uno de los impulsos políticos más duros de esta legislatura entre la ley europea y los grupos de centro izquierda, con la primera gran legislación sobre biodiversidad en la historia de la UE, como la teléfono de fondo, de que la disputa por las familias reales ilegales de Doñana era un aperitivo. Pocas leyes han estado más politizadas en los últimos tiempos que la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas de la UE para 2030. Mientras las protestas del sector agrícola indicaban un alejamiento electoral de posiciones más radicales, el Partido Popular Europeo (PPE) dio un giro de 180 grados y lanzó una legislación que también rechazaba la ultraderecha, un peso que había sido aprobado por el presidente de la Comisión Europea. , Ursula von der Leyen, de la familia política conservadora europea. Después de una votación de infarto en la Eurocámara, de la que surgió una propuesta muy debilitada pero al menos vivaz, la Presidencia española, de la mano de Ribera, se posicionó firmemente a favor de la legislación adelante, de modo que se estableció un entendimiento político provisional ( ratificado por el Consejo y la Eurocámara) en noviembre.

Demuestra que el medio ambiente se ha convertido en uno de los principales campos de batalla en las elecciones europeas de junio, donde se espera un fuerte avance de la ultraderecha (y de los actuales negacionistas del clima), y la decisión de Von der Leyen de hacer lo que quiere ampliamente. consideró una guía para las fuerzas conservadoras que intentan hacerse con el voto rural: propuso revisar la calificación del lóbulo de «estrictamente protegido» a «protegido», con el objetivo de hacer más fácil la gestión de las poblaciones de la especie en Europa más flexible, por cierto, vamos.

Una ley europea contra la violencia machista, la asignatura pendiente

Entre tanto hito, un tropiezo. España es considerada casi unánimemente uno de los países más avanzados en materia de protección jurídica de las mujeres frente a la violencia machista. La UE ha trabajado para adaptar su legislatura en este ámbito y la llegada de España a la presidencia rotatoria europea, con muchas esperanzas de que la legislación pueda cerrarse una vez. El propio Gobierno español lo ha convertido en una de sus prioridades. Pero no tiene podio. La estricta negativa sobre todos los estados clave, Francia y Alemania, ha tipificado uniformemente en toda la UE el delito de violación basado en el consentimiento, algo que la Eurocámara ha puesto como condición y que la Comisión también ha apoyado, hizo que la última ronda de negociaciones Las negociaciones bajo la presidencia española no permitirán llegar a esa conclusión. Incluso si Bélgica se comprometió a intentarlo a principios de año, el momento no favorece una legislación que, si no se ratifica antes de abril, es muy probable que se desmorone, ya que espera que el Parlamento Europeo presente sus resultados en junio. Las elecciones estarán más orientadas hacia la derecha y hacia los ultras, donde hay mayores reacciones a la legislación sobre violencia de género, concepto que también reciben muchos ultras.

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