Donald Trump es el candidato estrella del año a la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque hay varios casos donde la influencia es directa o indirecta, el recurso presentado ahora por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump se repitió antes de excluir a los jueces de las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de un entrenamiento en el que se cuestiona tu participación. Los nuevos fiscales que se sientan al margen del sistema judicial estatal tendrán que decidir si dejan a Trump al margen de las elecciones por participar en una insurrección.
La presentación de su apelación debe realizarse de manera segura. El expresidente y ahora candidato ha tenido un plazo hasta estos 4 años para escuchar al Supremo, que tiene que lidiar con un superalcalde conservador de seis partidos, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. La apelación es otra presentada por el Partido Republicano de Colorado. También se relaciona al día siguiente con otro presentado por Trump en el Tribunal Superior de Maine impugnando su exclusión en las primarias de su estado. En ambos estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, conocidas como Supermarts, día en el que se elegirá a más de un tercio de los delegados que nominarán al candidato presidencial republicano.
La Corte Suprema de Colorado dictaminó por cuatro a tres votos que Trump debería aplicarlo tercera sección del juego 14declarándolos inelegibles para un cargo público, el presidente, y que, por tanto, su nombre no debe aparecer en los expedientes de las elecciones primarias del 5 de noviembre de 2024.
Esta disposición establece: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni ejercer cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de los Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo haber jurado previamente respaldar la Constitución de los Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de la Legislatura de cualquier Estado, o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo tomado, ha sido parte en cualquier insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o ha dado ayuda o facilitación a los enemigos del país.» Además, este veto puede ser anulado por el Congreso mediante el voto de un tercero de cada Cámara. Esta fue una posición aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocuparan posiciones de poder.
El recurso ante el Tribunal Supremo comparte los argumentos presentados ante el Tribunal Superior de Maine. Los abogados aseguraron ante el Supremo que Trump no tuvo participación en ninguna insurrección. Los discursos públicos de Dios (incluido uno del 6 de enero de 2021 antes del asalto al Capitolio) están protegidos por la libertad de expresión. Además, considere que la correspondencia del Congreso y el colegio electoral deciden la elegibilidad de un candidato.
“La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada para que la considere y decida el Congreso, no los tribunales estatales”, argumentan Trump abogados. «Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de las elecciones, la Corte Suprema de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso», explica.
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La recurrencia de Trump en Maine sostiene que esta disposición no es una aplicación automática y que «no deja ningún papel los funcionarios statos en su aplicación». La norma, en discusión, prohíbe a determinadas personas «ocupar cargas específicas», [pero] no que se presenten a ellos ni que sean elegidos por ellos”. También señalaron que «no se aplica al presidente Trump porque nunca se ha desempeñado como ‘oficial de los Estados Unidos’ y nunca ha prestado juramento para apoyar la Constitución», ya que el juramento del presidente es «preservar, proteger y defender» la Constitución.
Los abogados añaden que la enmienda se refiere a qualquier “funcionario de los Estados Unidos”, término que, según su interpretación, no se aplica al presidente. Curiosamente, en el caso de fraude de Nueva York, los suscriptores del expresidente dijeron que tendrían que acudir a un juez federal porque Trump era un “funcionario de los Estados Unidos” y la Fiscalía argumentó con éxito lo contrario.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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