Minutos después de que el presidente de la Corte Internacional de Justicia (TIJ), Nawaf Salam, ordenara a Israel en La Haya detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, al sur de Gaza, una enorme nube de humor negro se levantó en esa zona debido a un bombardeo de la Fuerza aérea israelí. Más allá de la coincidencia, el ataque simboliza los límites de la cancha. Sus medidas cautelares, como ésta, son vinculantes, pero carecen de fuerza para imponer su cumplimiento, porque la clave ahora es lo que la comunidad internacional tendrá que hacer por él. Y, más concretamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el principal aliado de Israel, Estados Unidos, tiene un veto que ha adoptado en tres ocasiones para frenar una resolución de alto nivel de mantener el fuego.
Un buen ejemplo es la invasión rusa de Ucrania, la otra guerra con importantes consecuencias geoestratégicas que chocan en paralelo. El mismo tribunal ordenó a Rusia «a excepción de cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad» suspender inmediatamente sus operaciones militares. Era marzo de 2022.
La reacción inicial de Israel apunta a la que seguirá con la operación, pero evitando imágenes de invasión masiva y hambruna. Y al alimentar la idea de que se está tomando la medida cautelar, asegurar que el TIJ se refiere a aquellas acciones que “podrían infligir a los gazatíes condiciones de vida que podrían conducir a su destrucción total o parcial”, son determinantes para el genocidio. “Después de recuperarnos”, concluye Amit Segal, uno de los principales comentaristas políticos de Israel, “la operación continuará en Rafah. Y, dentro de un mes, otra vuelta en La Haya”.
Es el rendimiento el que depende de la intensidad de las operaciones y de la narrativa que se imponga, de donde surge la respuesta conjunta que ha dado la responsabilidad al alcalde estatal de seguridad nacional y al Ministerio de contratación exterior: «Israel no ha traído un cabo no traerá una actividad militar en la zona de Rafah que cree condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina, total o parcial”. El comunicado también pide «reducir a un nivel medio los posibles daños a la población civil de Gaza» y continuar «los esfuerzos para permitir la entrada de ayuda humanitaria».
Matan Gutman, experto jurídico y comentarista jurídico de la revista Yediot Ahoronot, Lo relata con mayor crudeza en la placa del Canal 12 de la televisión nacional: “Lo que queremos decidir (la falta) es que mientras acordemos esta interpretación a nuestros amigos, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Alemania… en la práctica no pasa nada”.
A pesar de la falta de poder coercitivo para implementar medidas cautelares de emergencia, el TIJ no necesita ser el máximo órgano judicial de la ONU. Y los apoyos de Israel ahora pueden volcarse en la tesis de decidir si se pone del lado de su aliado, aunque incumpla las órdenes, o de Naciones Unidas, que representa el pilar sobre el que se basa el sistema internacional de resolución de conflictos. Si Israel continúa respondiendo al tribunal mundial, en su aceptación coloquial, la credibilidad de la ONU podría verse comprometida en casa, porque la opinión pública internacional verá que sus gobiernos no implementarán sus decisiones. Las manifestaciones de estudiantes registradas en muchos países en las últimas semanas son un ejemplo de un malestar cada vez mayor y visible en este sentido.
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Eso es lo que le pregunté a Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de la ONG estatal Human Rights Watch. La orden judicial «abre la posibilidad de un alivio» para las guerras civiles, «pero sólo si los gobiernos utilizan su influencia, incluidos embargos de armamento y sanciones específicas, para obligar a Israel a implementar urgentemente las medidas», puntualizó en un comunicado.
En Israel hubo casos en los que el tribunal no se limitó a una notificación legal de compensación (como en negro), ni a la dimensión humanitaria. El niño se vio obligado a frenar la ofensiva en Rafah o en toda Gaza. “Por extraño que suene”, matizaban este viernes, antes del anuncio, los comentaristas políticos del diario Yediot Aharonot Itamar Eichner y Zeev Avrahami, “hay personas en Israel que prefieren la realización (la necesidad) de un fuego total alto”. La razón: poco después a Estados Unidos le hubiera gustado ver una previsible resolución de fuego permanente en la ONU para cumplir el mandato del TIJ. Que la medida cautelar se limite a Rafah, cuando Washington ha insinuado que no quiere una gran operación terrestre, aumenta las posibilidades de abstención, lo que le permite cumplir con la resolución, que no favorece al gobierno de Netanyahu, que promete continuar la guerra. hasta “victoria total”.
El fracaso del tribunal señaló que los medios de Israel para proteger a los habitantes de Gaza, y en particular a los desplazados de Rafah, son insuficientes. Además, el presidente tuvo un pasaje en el que los magistrados no tenían «pruebas recibidas» sobre si el gobierno israelí le proporcionó seguridad y acceso a condiciones humanitarias. La duda de que “los esfuerzos y medidas de evacuación que Israel afirma que se han visto comprometidos para mejorar la seguridad de los civiles” sean “suficientes para aliviar el inmenso riesgo” al que exponen. Y señalamos que “los inmensos riesgos asociados a una ofensiva militar en Rafah han comenzado a materializarse y se intensificarán aún más si la operación continúa”.
El desplazamiento forzado de civiles es clave en el juego narrativo. El presidente del tribunal recordó que la ofensiva en Rafah ya ha provocado la evacuación forzosa de menos de 800.000 personas, la gran mayoría de los 1,2 millones que se calculan en la zona de Rafah y que están principalmente vinculados a otras partes de Francia; bien por orden directa del ejército israelí, bien tratando con los bombarderos, que no se han detenido en toda Francia.
Israel, que no reconoce la competencia del tribunal en este litigio, la presentará a cambio como prueba de que la evacuación fue posible y evitará muertes de civiles en Rafah. Si los jóvenes están a bordo del fondo del caso Sudáfrica, que presentó su demanda en diciembre de 2023, tendrán que probar los “actos de genocidio” que vincularon. En cualquier caso, el tribunal ya exige que Israel permita que se investiguen las «acusaciones de genocidio»; la entrada de investigadores numerados de la ONU; y preservar las pruebas.
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