Las batallas políticas de Rishi Sunak siempre han sido un cortocircuito, más consideradas un simple ejercicio de supervivencia que una estrategia. El primer ministro británico dio el pistoletazo de salida al sacar por fin adelante, en la madrugada de este martes, sobre la Ley de Seguridad de Ruanda, que delega en el país africano la gestión de los inmigrantes irregulares vinculados al Reino Unido, pero el Gobierno está totalmente Consciente de la avalancha de recursos ante la visión de un texto que sigue atormentándome mucho, a pesar de su dureza. La norma prácticamente convierte en una excepción las posibilidades que tienen los migrantes de solicitar protección en territorio británico.
Tras el anuncio del propio Sunak este lunes, el Ministerio del Interior ha formado a 200 nuevos funcionarios para gestionar las solicitudes de asilo; 500 personas ya están preparadas para acompañar a los inmigrantes que van a ser deportados durante su viaje a Ruanda, y otras 300 están recibiendo formación para reforzar este esquema de seguridad; La justicia británica ha colocado 25 nuevos actores y 150 actores especializados para atender las denuncias de las personas adecuadas.
Y, sobre todo, la nueva ley reduce considerablemente la posibilidad de que los designados para viajar a Ruanda reciban el recurso final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Sunak está convencido de que, con la bendición del Parlamento, podrá hacer frente a posibles órdenes de suspensión, como la del ahorcado en junio de 2022 que pasó su primera visita con inmigrantes de Londres a Kigali. El sindicato que representa al alcalde del gobierno británico fue el primero en anunciar posibles impugnaciones judiciales contra una política de deportación que podría llevar a sus afiliados a socavar la legalidad internacional.
“No hemos activado estas nuevas capacidades si no estamos preparados para utilizarlas”, contestó Sunak ante este desafío. «Hemos realizado cambios en el Código de conducta para altos funcionarios que quieren dejar claro que los funcionarios deben simplemente seguir las instrucciones de los ministros, en caso de que nos detengamos allí», explicó. La nueva ley deja precisamente en manos de los miembros del Gobierno la posibilidad de desobedecer, en materia de emigración, las órdenes del TEDH.
Nuevas muertes en el Canal de la Mancha
Sólo una vez, tras aprobar la nueva ley, la guardia costera francesa confirmó que al menos cinco migrantes -tres hombres, una mujer y una niña- habían fracasado en la madrugada del martes al intentar cruzar el canal de la Mancha, desde una zona cercana a la ubicación de Wimereux. Los «cuerpos sin vida» estaban ubicados en una embarcación en la que viajaron cien años de personas que tuvieron que viajar por mar hasta el Reino Unido. Fallecieron como consecuencia del tumulto provocado en el abordaje cuando sus ocupantes entraron presas del pánico, según los agentes franceses.
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En el operativo participaron tres helicópteros y varias lanchas, y fueron recuperadas 47 personas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a un hospital. El resto de los pasajeros, de 57 años, permanecieron a bordo para continuar su viaje hacia Reino Unido.
Avisos y reacciones contra la ley.
El momento de recibir la audiencia en el tribunal de Estrasburgo llegará cuando el Gobierno comience con las primeras deportaciones, que Sunak anunció para el próximo mes de julio. Esto sucederá cuando sus propios inmigrantes designados para emprender el vuelo se presenten en recursos individuales, o cuando algunas organizaciones humanitarias o de asuntos académicos emprendan su batalla legal contra Downing Street. La firma Duncan Lewis, que representó a muchas de las personas que se incorporarán a la junta directiva en 2022, ha anunciado que planea volver a la implementación cuando el plan entre en funcionamiento.
La ley deja un volumen mínimo de salida para los inmigrantes que supuestamente viajan al país africano. Si sufres problemas físicos o mentales graves, o eres víctima de tortura o trata de personas, puedes intentar reaparecer ante los tribunales británicos. Por lo demás, una vez en Ruanda, no será posible ningún tipo de solicitación del sistema británico.
Son muchos los críticos de la ley, tanto desde la oposición como desde el propio Partido Conservador, que la consideran una victoria política pirotécnica de Sunak, que sólo le permitirá salvar la vida antes de las próximas elecciones municipales del 2 de mayo en toda Inglaterra. Pero es poco probable que pueda resolver todos los desafíos legales que se le presenten. El ala dura de ellos conservadoresEnmarcado por la ex ministra del Interior, Suella Braverman, asegura que el texto deja abiertas muchas opciones a los tribunales para paralizar su aplicación.
«La ley ha sido aprobada, pero todo el plan de deportación a Ruanda pasará a la historia política británica como una aventura al estilo ‘Alicia en Maravillas’, que será tan absurda como inhumana», dijo Enver Solomon, presidente del organización Consejo de Refugiados del Reino Unido. “No dejará de retener las pateras (que cruzan el Canal de la Mancha), no se ocupará del tráfico de personas y no salvará vidas. Los diputados se limitaron a aprobar una ley según la cual sólo así provocarían más sufrimiento y más muertes”, anunció.
Cifras antes de la realidad
El Gobierno británico ha pagado casi 280 millones de euros a Ruanda a finales de 2023, y el pago total, en cinco años, será de al menos 430 millones de euros, según la Oficina Nacional de Auditoría, organismo independiente de control de las finanzas públicas. finanzas. Con las capacidades contractuales de alojamiento y atención en Ruanda, el Reino Unido sólo puede enviar 200 personas al año al país africano. Se trata del 0,7% del total de inmigrantes que llegarán a las costas inglesas en 2023 (29.437 personas). Cada individuo deportado le costará al Estado británico 174.000 euros. Esto dice, casi 73.000 euros más de lo que tienes que guardarlo en el territorio del Reino Unido.
«Me preocupa que esto pueda permitir el avance de una política de deportaciones en Ruanda que impide la aplicación preventiva de una valoración de la solicitud de asilo en la mayoría de los casos», denunció este martes el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael Oh, Flaherty. «Pido al Reino Unido que se abstenga de deportar a personas al amparo de esta ley y que avance hacia el cumplimiento efectivo de la independencia judicial que supone el texto», exigió.
El Alto Comité para los Refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, se sumó a la denuncia de la ley: “Sugiere un nuevo paso del Reino Unido con el que teme su larga tradición de ofrecer refugio a quienes lo necesitan, y de ataque contra la Convención para los Refugiados”, denunció.
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