En los últimos años, Irlanda del Norte ha tenido el escudo que ha frenado las ambiciones más extremas e independientes de los conservadores británicos. Ha visto las consecuencias del Brexit, con el Protocolo irlandés, y sus tribunales ahora han dado su visto bueno al plan del primer ministro Rishi Sunak de deportar inmigrantes a Ruanda. El magistrado Michel Humphreys denunció al decir que la Ley de Migración Ilegal, el texto que da soporte legal a las expulsiones en el país africano, contraviene partes fundamentales del nombre Acuerdo Marco de Windsor, firmado a principios del año pasado por Londres y Bruselas. Ese pacto dio lugar a un largo período de reunión entre el Reino Unido y la UE, para corregir las partes más controvertidas del Protocolo irlandés. Anteriormente, este tratado era fundamental para que el salero del Brexit definiera el impacto del territorio norirlandés en el escenario creado por la salida británica del club comunitario.
El magistrado del Tribunal Superior de Irlanda del Norte considera que la ley de migraciones atenta contra la defensa de los derechos humanos contemplados en todos estos acuerdos, que busca preservar la validez del Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast de 1998, por lo que si hubiera paz en una región plagada de décadas de violencia sectaria. El juez Humphreys denunció, además, la contradicción entre algunos ajenos a la nueva ley de Sunak y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que elogió el Tribunal de Estrasburgo.
La decisión judicial respondió a los recursos interpuestos tanto por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte como por los abogados de un solicitante de asilo iraní de 16 años, residente en Belfast tras llegar al Reino Unido como menor acompañado. . Abordé un pequeño barco que cruzaba el canal de La Mancha, procedente de Francia, y me aseguraron, al inicio de los transportes, que me enviarían a prisión si las autoridades de inmigración los devolvían a mi país.
Sunak, a quien este mismo lunes quiso prometer desobedecer cualquier intento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de frenar los vuelos a Ruanda, respondió a la decisión del juez Humphreys. En Gobierno, anunció, se utilizará la frase en la próxima vista fijada por el juez para finales de mayo. “Esta decisión no supone ningún cambio respecto a los aviones operativos preparados para enviar inmigrantes ilegales a Ruanda a partir de julio, ni cuestiona la legalidad de la Ley de Seguridad de Ruanda (segundo texto aprobado por el Parlamento, para evitar que los tribunales cuestionando la seguridad del país africano)”, afirmó el primer ministro. “Siempre he dejado muy claro que los compromisos acordados en el Espíritu Santo deben interpretarse con la intención original con la que fueron escritos, y no utilizar el texto como modelo para incluir supuestos como la inmigración ilegal”, informó Sunak. .
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