Dos arquitectos madrileños canalizaron a ciegas 22,4 millones de euros en encargos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El dinero, destinado a pagar los sobornos, fue pagado a políticos y funcionarios de Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. Y se apuntó a presuntamente manipular la licitación de la obra pública, principal fuente de ingredientes de Odebrecht. Así se revela en un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) que remitió a EL PAÍS.
Los arquitectos bajo sospecha, Juan José Lago-Novas y José Díaz Vecino, afirman que los fueron utilizados por el constructor brasileño en su corrupto esquema, que las obras existen y que conocen el destino del dinero. Uifand lo niega y señala que ambos formaron parte del esquema Odebrecht, creador de la trama de sobornos de los alcaldes de América Latina, donde supuestamente compró los voluntarios de 145 directivos y altos funcionarios entre 2001 y 2016.
La jueza instructora del caso en Andorra ha ampliado las diligencias para vino blanco en Lago-Novas y su empresa DSC Taller Obras, Construcciones y Promociones. Se trata de una empresa que tuvo contratos con el fabricante brasileño entre 2007 y 2010. La Junta Central de Educación número 2 de la Audiencia Nacional de España también investiga este último informe sobre su exsocio José Díaz Vecino por los mismos.
El Taller DSC fue fundado en 2005 por Lago-Novas en una casa del madrileño distrito de Chamartín. Según el Registro Mercantil contaba con un único comerciante y este trabajador declaró veinte 12.000 euros. Dos años más tarde, el pequeño estudio comenzó a firmar contratos con el gigantesco conglomerado de Norberto Odebrecht, un titán que llegó a tener 168.000 empleados en 28 países.
Lago-Novas y Díaz Vecino parecen haber sido golpeados por un golpe militar porque firmaron contratos internacionales vinculados a los proyectos de licitación pública Río Caldera (canalización del río panameño); la salud de la Ciudad y Bahía de Panamá; el Multipropósito Baba, en el cantón Buena Fe de Ecuador, que continúa con un presupuesto de 549 millones de euros, y el túnel de la Línea Amarilla en Lima (Perú). Fueron gigantescas iniciativas del Taller DSC que recaudarán el 3,5% de cada instancia si tienen éxito. Sólo de la primera infraestructura en Panamá, cuyo coste se supone es de 228 millones de euros, el encargo esperado para los arquitectos españoles era de 7,9 millones de euros.
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Una comunicación de sospecha de capitales blancos de la Uifand sirvió a la jueza y al fiscal del caso para investigar a los arquitectos españoles. Para este organismo público de inteligencia financiera, «con la documentación disponible, la operativa de la cuenta abierta en el BPA (Banco Privado de Andorra) de Lago-Novas presenta pistas que generan dudas sobre la veracidad de las relaciones contractuales y el contexto económico, como así como la propia prestación de servicios». El mensaje que representa este arquitecto responde que los servicios son reales y que Odebrecht los utilizó. “Mi cliente viajó a los países donde realizaba sus obras y empleos. Se proporciona la siguiente información técnica e información. En un momento pensé que el dinero que recibía lo utilizaría para pagar la póliza. (Los presuntos sobornos) fueron a sus espaldas. Asimismo, no recurrieron a esos fondos, lo que los convirtió en un tercero. Dijeron que tomó esta forma por un tema fiscal del constructor”.
Incide en que la cuenta depósito (puente o pasarela) del arquitecto español llevó a cabo una operación presuntamente directa “para eludir la trazabilidad de los Fondos” entre las empresas vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht. Una cosa depósito actúa como fideicomiso o depósito de custodia, un instrumento financiero utilizado en el mundo anglosajón que asegura que el pago está vinculado a su destino y que se utiliza en algunas ocasiones en operaciones opacas o poco transparentes.
Así, los 22 millones de euros enviados por Odebrecht a la empresa de arquitectos pasaron por este depósito de garantía y fueron inmediatamente obligados a cubrir las cuentas abiertas, también en BPA, de las sociedades instrumentales holandesas (sin actividades) Convergence Capital Partners (12,8 millones) y Financiación Natland (8,5 millones). Si es Odebrecht las empresas solían apuntarse a sobornos.
Uifand duda de la veracidad de los contratos registrados en el colegio de arquitectos, recibiendo estos dos instrumentos casi todo el dinero. “Si detecta una estructura de contratos que parecen utilizarse para justificar los movimientos de los fondos”, apostillan.
El abogado de Lago-Novas responde así: “Ellos no tuvieron acceso a esos Fondos; Le hice un tercero. Las palabras que deberían haber sido así fueron una cuestión fiscal por parte del constructor. El blanqueo es precisamente lo contrario de lo que hicieron. El dinero es legal, proviene del grupo y los pagos a los subcontratistas son automáticos. Eran dos jóvenes arquitectos que se presentaron como una oportunidad para una multinacional donde todos querían trabajar», responde el abad de Lago-Novas.
Los redactores del informativo, tras haber presenciado el pasado juvenil, se dijeron que, si la prestación de los servicios del estudio de arquitectura madrileño y las obras se realizaban en Panamá y los pagos en Andorra, «el cuidado operativo del sentimiento económico al observar un movimiento circular de los fondos, de donde provienen y tienen como destino las empresas asociadas a la fabricante Odebrecht”.
Ante la falta de documentación, los agentes de Uifand destacan la existencia de varios contratos dentro de la empresa de arquitectos muy similares y de Odebrecht en diferentes partes, firmados en particular y que presentan con “vaguedad” los servicios descritos. “La mayoría de los contratos disponibles suponen una contracción muy importante (millones de euros). En consecuencia, la especificación en relación a los servicios, el proyecto, los recursos utilizados, la relación por horas de las personas involucradas en el proyecto, las fases de implementación, etc. es de gran importancia”, reprocha la Uifand. Y añade la ausencia de Los contratos firmados por las administraciones panameña, ecuatoriana y peruana con el fabricante brasileño.
El esquema corporativo fue presuntamente diseñado por el despacho uruguayo de asesores fiscales del Grupo de Asesores Jurídicos y Fiscales BGL, donde trabajó hasta 2015 su fundador Fernando Belhot Fierro. En esa expedición a Montevideo se crearon empresas que fueron utilizadas en diversas tramas de corrupción en América. Texturas que se utilizaron en el mostrador andorrano por su indescriptible paga.
El enigma de Belhot
BGL manejaba poco dinero en el banco andorrano, incluidas algunas empresas, donde los arquitectos españoles canalizaban el dinero de Odebrecht. EL PAÍS desveló en 2018 que Eduardo Zaplana, exministro en el Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, utilizó los servicios de Belhot para ocultar su fortuna. El escritor uruguayo se ha convertido en la figura clave del Acto Fiscal en el poder judicial que se celebra en Valencia contra Zaplana y se ha reconocido como el acorazado de la millonaria fortuna que el político del PP ha escondido en países extranjeros.
La Banca Privada de Andorra (BPA), institución elegida por Odebrecht para comprar voluntades, fue intervenida por las autoridades del pequeño principado pirenaico de 77.000 habitantes en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de capitales de grupos criminales. De este banco, el gigante brasileño del movimiento constructor, salieron al menos 172 millones de euros para el pago de comisiones ilegales y de funcionarios de distintos países de América.
investigacion@elpais.es
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