Hungría: un centenario de organizaciones denuncia el último intento de Orbán de “intimidar, disuadir y silenciar” a la sociedad civil | Internacional

El gobierno ultraconservador de Viktor Orbán ha emprendido una cruzada contra las potencias extranjeras que supuestamente mejoran la sobriedad húngara. Su partido, Fidesz, presentó la semana pasada ante el Parlamento un paquete legislativo para la «defensa de la soberanía». El Ejecutivo Plantea reforma el código penal para castigar la financiación extrajudicial de actividades políticas con hasta tres años de prisión y crear un taller para la defensa de la soberanía, con amplia capacidad investigativa. Más de un centenario de organizaciones de la sociedad civil denunciaron a estas personas cuál fue el último intento de Orbán de «intimidar, disuadir y silenciar» las voces críticas.

«Un país donde se intimida a la gente para que no represente sus intereses no es una democracia», afirman las ONG en una declaración conjunta. “Aunque se insinúe que toda posición crítica tiene intereses externos, las autoridades desprecian a sus propios ciudadanos cuando pretenden intimidar, disuadir y silenciar a personas que participan activamente en la vida pública”, insiste.

Los ataques a la sobriedad nacional se han convertido en una prioridad para el ultranacionalista Orbán, a quien ha encargado la organización de la campaña electoral para las elecciones europeas y municipales de 2024. La propuesta legislativa va más allá de la prohibición de la financiación extranjera de los partidos. introducir sanciones penales y ampliar el veto a las organizaciones ciudadanas, muy activas en las elecciones locales en Hungría. También precedió a la duodécima reforma de la Constitución desde que Orbán regresó al poder en 2010 para incluir, entre otras disposiciones, que “la defensa de la patria es una presunción nacional”. Este otoño el Gobierno Empaqué a Hambre con tarjetas contra el supuesto intento de injerencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Alexander Soros, hijo de su archienemigo, el magnate George Soros, para impulsar una de sus clásicas consultas nacionales.

El Gobierno quiere que la nueva Oficina para la Defensa de la Soberanía funcione a partir de febrero de 2024. No tendrá facultades disciplinarias, pero sí amplias facultades para iniciar investigaciones y acceder a todo tipo de información sobre partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, periódicos o ciudadanos , según las ONG. Además, podrás dar consejos en otros casos.

Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki de Hungría, una de las principales organizaciones de defensa de la democracia y los derechos humanos en el país, explica por teléfono que la nueva autoridad puede iniciar investigaciones cuando considere que determinadas actividades suponen un riesgo a la sobriedad nacional, porque responder a un extranjero interesado. Incluso cuando se ve financiación externa que puede interferir en las elecciones o influir en la voluntad de los votantes. Este experto compara directamente “la arbitrariedad sin control de esta oficina” con “los servicios secretos internos que tenían como objetivo intimidar, acosar y difamar a los ciudadanos húngaros” en la era comunista.

El texto deliberadamente ambiguo de la ley permite dejar cualquier tipo de actividad bajo la lente de esta agencia, según las ONG. organizar una conferencia sobre el estado del derecho o la guerra en Ucrania —ambas vienen a Budapest con Bruselas—; solicitar una de las subvenciones del Parlamento Europeo para fomentar la participación en los cómics; organiza debates sobre la Acción Verde Europea o únete a Eurodiputados para debatir cualquier tema. La lista de actividades sospechosas puede ser interminable.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, advirtió este mes en un comunicado que el cargo «también brindará al Ejecutivo mayores oportunidades de silencio y estima para las voces independientes y opositores». Zoltan Kovacs, secretario de Estado de Comunicación Internacional del Gobierno húngaro, dedicó un ataque personal a la comisión por el pasado político de su madre y su marido y tras la respuesta a los rojos sociales antes de Twitter: “La ley está lejos de ser una herramienta autoritaria; además, sirve para fortalecer nuestras fuerzas clave, garantizando la integridad de los procesos políticos húngaros y protegiéndolos de la interferencia extranjera”. En otro mensaje defendió la norma recordando que Péter Márki-Zay, El líder de la fallida candidatura conjunta de la oposición para las elecciones de 2022, que no formaba parte de ningún partido, recibió financiación estatal.

Anterior en 2017

El Gobierno húngaro ya aprobó una ley en 2017 destinada a controlar la financiación extranacional de las ONG, pero la ley fue derogada por un procedimiento de infracción iniciado por Bruselas. Stefánia Kapronczay, directora ejecutiva de TASZ, la Unión por las Libertades Civiles de los Hambrientos, explica que la propuesta ahora va más allá porque no se trata sólo de financiación extranjera, sino de actividades que surgen de intereses extranjeros.

Kapronczay tiene un doble riesgo en el negocio del nuevo taller. “Por un lado, es una herramienta de propaganda en el sentido de que no tiene definiciones claras, pero puede usarse para etiquetar a organizaciones que consideran perjudiciales para la soberanía de Hungría”, afirma. «También es muy problemático porque otras autoridades pueden utilizar la información de producción para causar aún más daño a las organizaciones y a los ciudadanos».

La ley se aplica a los agentes extranjeros. En Kapronczay no quedó claro que el Gobierno se «inspirara» en ella, porque «los ejemplos rusos siempre se utilizan como libro de texto» en Hungría. También informa que “el presidente Vladímir Putin ha pronunciado muy pocos discursos sobre la sobriedad de Rusia, y tiene sorprendentes similitudes con lo que dice el primer ministro Orbán sobre la sobriedad de Hungría y cómo Occidente está mejorando nuestra sobriedad”.

«La ley viola la Constitución del Hambre y además incumple la legislación de la UE», informó a las organizaciones firmantes del comunicado, que recuerdan la ley de 2017 y otra de 2018. «Esto fracasaron y esto no será diferente». ellos confiaron. La norma hoy debe pasar por la argumentación parlamentaria.

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