El plan de acción contra las maras del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele se actualiza con una nueva revisión desde fuera. La Audiencia Nacional española acudió al Estado centroamericano para presentar a un pandillero, Mario Alberto RS, por los «grandes riesgos» que existen, que son vulnerables a sus derechos fundamentales y se encuentran presos allí. En una contundente resolución de 38 páginas, celebrada el 22 de abril, el tribunal descartó la extradición para reparar el actual contexto sociopolítico que atrae al país, manteniendo la declaración del estado de excepción por más de dos años: “Existe prueba sobre la concreta y exposición real del demandante a actos inhumanos o degradantes en el contexto del acceso a su solicitud”, incide los magistrados en su dictamen.
La postura de la Audiencia Nacional, que ya descartó la solicitud de otro presunto pandillero en octubre de 2022 (a pocos meses de declarar el estado de excepción en El Salvador), incide en las “continuaciones y graves situaciones de vulnerabilidad humana” que se viven en las cárceles de ese país, donde el régimen de Bukele impone mano dura para neutralizar el avance de las marchas. El plan ejecutivo, que supuso la detención masiva de más de 70.000 personas, se desarrolló en medio de multitud de acusaciones de «graves violaciones de los derechos humanos»: denunciaron hechos extremos, detenciones arbitrarias (incluidas menores), encarcelamientos sin pecado. tipo de garantías, comunicaciones totales, jugos virtuales sin intervención de textos, procesos opacos… Esta misma semana, organizaciones sociales anunciaron que han acreditado 327 desapariciones forzadas.
“Lamentablemente persiste la situación de opresión de los derechos humanos (…) Cuando aún no hemos transcurrido los dos años actuales de existencia del estado de excepción, declaramos el procedimiento de extradición de (otros) reclamos de derechos humanos, relacionados razones con el grave peligro de que, para la vida e integridad física del demandante, accediera a su solicitud, dada la situación actual (de El Salvador)”, justifican los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dijeron que esta nueva resolución —la jueces Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Fermín Javier Echarri—. El artículo del 22 de abril agrega: “En las cárceles de este país ocurren continuas y graves situaciones de vulneración de los derechos humanos, que no pueden ser controladas por el Gobierno. Las vulnerabilidades de los derechos humanos han sido denunciadas por organismos internacionales, y han sido vistas como agravadas por la situación declarada de estado de excepción, donde las garantías constitucionales han quedado en un segundo plano.»
El Salvador recurrió a Mario Alberto RS para que cumpliera una condena de tres años y cuatro meses de prisión por colaborar con la mara Dieciocho Revolucionarios. Según la documentación enviada por el Estado centroamericano, este hombre de 44 años se cargó de tareas de vigilancia durante las reuniones de pandillas, para «avisar si quería a la policía en la zona». Sin embargo, el acusado asegura que se trasladó con su familia a España, precisamente, para enterarse «de la actuación de los integrantes de esta banda, para ser objeto de sus constantes y reiteradas extorsiones».
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A la hora de resolver esta extradición, los magistrados de la Audiencia Nacional evaluaron las decisiones de diversos organismos internacionales. El tribunal tomó en cuenta los distintos pronunciamientos de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), entidad que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que El Salvador debe garantizar de inmediato que las acciones para prevenir y sancionar los delitos y la delincuencia se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad.
El auto también recibió el comunicado de Amnistia Internacional de abril de 2023 denunciando la comisión de “graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática” tras la aprobación del régimen de excepción en El Salvador, así como artículos periódicos que revelan la “situación de crisis del Seres humanos correctos” que sufre digo país.
Los magistrados, además, señalan que la denuncia de Mario Alberto RS está ligada directamente a la política de mano dura que Bukele implementó contra las maras. “Por lo tanto, ante la hipótesis plausible, dada la situación político-social existente en la República de El Salvador y las circunstancias personales de la denuncia, de que no se respetan los derechos fundamentales del mism, consideramos que debemos devolver la solicitud. , ya que procedemos de otra modalidad implicó analizar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física”, concluyen los juegos.
La Audiencia Nacional marca así, con el apoyo de la Fiscalía, una línea clara en su actual política de cooperación con El Salvador, manteniendo España un tratado bilateral de extradición firmado en 1997. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han detenido en España a dos otros supuestos pandilleros del país centroamericano, que podrían beneficiarse de esta política judicial.
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