A sus 22 años, Mayelín Rodríguez Prado recibió al alcalde de las condensadas con las que el gobierno cubano lanzó a un grupo de 13 personas que se manifestaron en agosto de 2022 en el municipio de Nuevitas, en el centro de la isla. Prado, quien es madre de una pequeña, pagará con 15 años de prisión por ser quien transmitió las protestas a través de la red social roja Facebook.
Conocida como “La Chamaca”, Prado capturó el momento en que la policía cubana disparó a tres niñas durante la manifestación y otras escenas icónicas contra los participantes en el levantamiento. El joven, cuya hija en ese momento cuidó durante menos de un año, fue detenido en su domicilio durante la protesta e incomunicado en una sede de la Seguridad del Estado.
El fallo judicial emitido recientemente por el Juzgado Municipal de Camagüey, en el que se volcó contra el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), precisa que el Tribunal sancionó al Prado como «autor de un delito doloso y de consumo de propaganda hostil al de carácter continuado” y “autor de delito de sedición doloso y consumado”. También anunciaron penas de entre 4 y 14 años a otros 12 participantes del evento por los mismos delitos. Según el Código Penal cubano, la sedición es un “delito contra la seguridad interior del Estado”, y es condenada por cualquier persona “tumultuariamente y por concierto expreso o tácito, que encarne violencia, perturbación del orden socialista”.
“Mayelín fue quien estuvo visible ante las protestas y la represión de las autoridades, por eso fue condenado como forma de castigo”, asegura el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría jurídica Cubalex. El abad insiste en que el objetivo de estas elevadas sentencias es criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión. “El mensaje es claro. Será sancionada toda persona que proteste, por la paz y la paz, en cualquier parte de Cuba. El delito de sedición tiene un contenido muy político, porque la sedición debe provenir de alguien que quiera cambiar el régimen político. El mensaje lo transmite cualquier persona que ni siquiera haya participado en la manifestación, pero las fotos, fotografías o videos también serán sancionados”.
Tras cortar el suministro eléctrico y otros productos de primera necesidad, cientos de residentes de Nueva York suben desde hace dos años con sus teléfonos, sus móviles y sus bocinas a las calles del departamento de Pastel pidiendo “libertad”. Esta manifestación tuvo lugar sólo un año después de las masivas protestas del 11 de julio, según las cuales el gobierno de La Habana se disolvió con represión y condenó a más de mil personas a permanecer entre la reja, algunas de las cuales pagaron hasta 30 años de prisión.
“Condenas ejemplarizantes”
El activista cubano Marcel Valdés Información pública en X de que Fray Claro Valladares, de 22 años, luego de 13 presos por la protesta, “pretendía fugarse” en el penal Cerámica de la provincia de Camagüey para conocer su sentencia de 10 años de privación de libertad.
Decimos “tratar de ser ejemplares” en medio del descontento que genera la situación socioeconómica del país, según Yaxys Cires, directora de estrategias del OCDH. “Estas sentencias se enmarcan en un contexto altamente represivo como el actual, en el que también se han producido otras: la detención del periodista José Luis Tan desde el pasado 26 de abril; la detención arbitraria por varias horas de la intelectual Alina Bárbara López Hernández, quien en su día fue golpista; y la reciente grabación en un programa de la televisión cubana sobre delitos, como el de sedición, que podría acarrear la pena de muerte. Son algunos ejemplos”, afirma.
El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, también criticó a los manifestantes condenados. “La dura sentencia de esta semana de 15 años de prisión para los cubanos que se reúnan pacíficamente en Año Nuevo en 2022 es indignante”, afirma sobre las necesidades básicas son inconcebibles”.
Hay otros casos de personas que el Gobierno ha condenado por expresarse públicamente en las redes sociales. En julio de 2021, Yoan de la Cruz, quien transmitió en vivo por Facebook la primera manifestación desde San Antonio de los Baños, fue encarcelado por 10 meses y sentenciado a cinco años de trabajos internos.
Con el auge de internet en los últimos años en la isla, el acceso de más cubanos a la roja y las exhibiciones de desobediencia popular de los últimos tiempos, el Gobierno ha implementado herramientas que limitan la libertad de expresión en estos espacios y sancionan con la Ley cualquier publicación. considerado una broma. El Decreto Legislativo 370, aprobado en 2019, tipifica como delito difundir en redes sociales «información contraria al interés público, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». Asimismo, en el Decreto Ley 35 de 2021, se legisló la restricción del uso de la información “a través de infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC, de contenidos que respeten los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”.
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